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VERDADES “INCÓMODAS”..... sobre la defensa judicial de los activos en el extranjero

Este artículo refleja la historia viva de la lucha por conservar los activos de Venezuela en el exterior y los enemigos internos y solapados que la historia tendrá que encargarse de desenmascar en su momento. Por lo pronto nos proponemos documentarlo lo mas posible, por esta razón recogemos este artículo de Jose I.Hernández por considerarlo muy ilustrativo de lo que pasó en ese proceso.

Saque sus propias conclusiones.

Luis Stefanelli B.


Verdades “incómodas”... sobre la defensa judicial de los activos en el extranjero. Jose Ignacio Hernández

La recuperación de Venezuela requerirá de un amplio acuerdo de reconciliación nacional, basado en la verdad. Un componente fundamental es comprender cómo los regímenes de Chávez y Maduro promovieron un endeudamiento público claramente irracional e insostenible. A pesar de los signos evidentes del colapso, Maduro optó por no renegociar esa deuda y servirla, lo que llevó al dramático recorte de las importaciones que, entre otros factores, ocasionó la Emergencia Humanitaria Compleja. Por si fuera poco, en 2016 endeudó a PDVSA por más de 4 millardos de dólares, cediendo de manera inconstitucional derechos sobre Citgo. El régimen de Maduro pretende reescribir esa historia, señalando al Gobierno interino como responsable de este colapso.

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En días pasados el régimen de Nicolás Maduro, en su permanente campaña de descrédito y desinformación, ha insistido en los supuestos perjuicios ocasionados por la defensa judicial de los activos del Estado en el extranjero por parte del Gobierno interino. Recientemente el régimen de Maduro se ha valido de uno que otro comentario político propio de las desavenencias internas de la oposición venezolana, que podrían quizás canalizarse mejor por mecanismos institucionales.

Pero en todo caso, esta es una buena oportunidad para explicar de nuevo, en términos sencillos, en qué consistió la estrategia judicial de defensa de los activos de Venezuela en el extranjero, implementada por la Oficina del Procurador Especial entre fines de febrero de 2019 y junio de 2020. Nada de lo que aquí digo es nuevo, pues con transparencia, fue informado oportunamente en las cerca de 500 comunicaciones que escribí y envié durante mi gestión como Procurador. Además, el resumen de todo ello fue publicado en la memoria correspondiente al año 2019. Asimismo, di varias entrevistas -más de las que hubiese querido- para desmentir las mentiras del régimen. Entre otras, pueden revisar esta entrevista de agosto de 2019, o esta entrevista, larga por lo demás, de julio de 2020.

Por supuesto, cuando se valora el cumplimiento del principio de transparencia durante mi gestión, no puede ignorarse las condiciones precarias bajo las cuales ejercí el cargo -sin personal ni recursos, y además, enfrentándome a un régimen criminal y sin escrúpulos. No fue mi caso, por supuesto, el único que enfrentó esas precarias condiciones, comunes por lo demás en la Asamblea Nacional y el Gobierno interino. Pero si ello no se toma en cuenta, el análisis y conclusiones a las cuales se llega serán inadecuados. Como la vez en que, en medio de una interpelación, me preguntaron si había enviado una comunicación sellada y por fax. Sonreí por la ironía, pues nunca tuve ni fax, ni sello, ni oficina, ni secretaria ni ningún apoyo administrativo, a decir verdad. Mi caso, como el de muchos, fue el de un permanente estado de necesidad.

Los efectos judiciales del reconocimiento del presidente Juan Guaidó

El 23 de enero de 2019 cerca de sesenta países reconocieron al presidente de la Asamblea Nacional como presidente encargado de la República, lo que tuvo, entre varias, una consecuencia práctica inmediata: El Gobierno interino pasó a ser el único responsable frente a las decenas de litigios derivados de las reclamaciones heredadas de Chávez y Maduro. Así, esas reclamaciones pueden estimarse en aproximadamente ciento cuarenta y un (141) millardos de dólares.

Para atender esa situación, la Asamblea Nacional aprobó el Estatuto que rige la Transición, el cual creó a la figura del Procurador Especial, cargo para el cual fui designado hacia finales de febrero. Para ese momento, los juicios tenían un mes sin ningún tipo de control por parte del Gobierno interino, lo cual suponía una situación especial de riesgo.

“El Gobierno interino pasó a ser el único responsable frente a las decenas de litigios derivados de las reclamaciones heredadas de Chávez y Maduro”

La primera decisión de la Oficina del Procurador Especial fue por ello la siguiente: Entrar en contacto con los despachos de abogados que venían atendiendo los casos de Venezuela, indicándoles que a partir de ese momento solo podían actuar bajo seguimiento del Gobierno interino. Con ello, se aseguraba el control de los casos y lo más importante, la información. De todo ello se informó por escrito a la Asamblea Nacional, iniciando así una correspondencia que, como dije, alcanzó cerca de 500 comunicaciones, dando cuenta de todas y cada una de las decisiones tomadas.

Es importante aclarar, por ello, que esos despachos nunca se contrataron: Ellos ya habían sido contratados. Lo que sucedió es que los despachos decidieron ejecutar esos contratos previos con el Gobierno interino y no con el régimen de Maduro. No todos, por cierto: De cinco despachos, dos optaron por seguir representando al régimen de Maduro, incluso, entablando litigios en contra del Gobierno interino.

Más de 50 casos y 15 millardos en reclamaciones

La situación la Oficina del Procurador Especial, compleja por lo demás, se hizo especialmente delicada por el número de litigios a los cuales Venezuela se enfrentaba, y que en total, llegaron a superar los 50 casos con reclamos cercanos a los 15 millardos de dólares. La práctica totalidad de esos litigios ya existían a fines de febrero de 2019, y en muchos casos, en estado avanzado. Esto permite aclarar una crítica a la estrategia judicial de defensa judicial de los activos del Estado venezolano, a saber, que esa estrategia implicó involucrarse en un número elevado de litigios. En realidad, la mayoría de los casos ya existían para febrero de 2019, y no era posible atender unos casos y otros no.

Para ese momento, la estrategia de defensa judicial se basó en tres objetivos muy específicos, tomando en cuenta la limitada capacidad con la cual contaba la Oficina del Procurador Especial, a saber, (i) Obtener información de los litigios en curso; (ii) Diagnosticar los casos de riesgo más inminentes a los activos de Venezuela en el extranjero; y (iii) Suprimir o diferir en el tiempo esos riesgos. Esos fueron los objetivos que lograron cumplirse de manera exitosa.

En efecto, la Oficina de la Procuraduría Especial realizó el inventario de los litigios, para lo cual fue crucial la decisión de despachos de abogados que habían representado a Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro, de mantener los contratos existentes pero bajo la supervisión de la Oficina del Procurador Especial.

Ello permitió avanzar en la auditoría legal de la deuda pública venezolana, esto es, sistematizar todos los títulos legales de deuda pública que habían dado lugar a litigios. Esta labor demostró la complejidad de esa deuda pública y sus litigios anejos -que involucran solo a la deuda externa, y dejan a salvo la deuda interna y en general, los nuevos reclamos que puedan presentarse-. Para esos efectos se creó una Comisión Presidencial Consultiva para la Renegociación de Deuda Pública, que contó con la asesoría (ad honorem) del reconocido jurista Lee Buchheit. El resultado de todo lo anterior fue el diagnóstico de los riesgos más inminentes y además, la formulación de los lineamientos para la renegociación de la deuda, de julio de 2019.

La solución final para la atención de los litigios pasaba -y sigue pasando- por la renegociación de la deuda, lo que es dependiente de la transición política en Venezuela. Por ello, al no ser posible implementar un proceso de renegociación de la deuda pública, la estrategia de litigios se orientó especialmente al tercer objetivo indicado; a saber, diferir en el tiempo los riesgos más inminentes sobre los activos, y en especial, Citgo. Este objetivo se cumplió pues, más de dos años después, se mantiene la protección de Citgo cuya normal operación fue retomada por el Gobierno interino -cuando en enero de 2019 el diagnóstico generalizando era que, inevitablemente, Citgo se perdería como resultado de las reclamaciones legadas de Chávez y Maduro.

Mis inhibiciones

El régimen de Maduro también se ha aprovechado de mi ejercicio libre de la profesión en Venezuela, para desacreditar la gestión de la defensa judicial del Estado. Hasta diciembre de 2018, cuando me separé del escritorio que había fundado en 2006, me desempeñé como abogado de empresas privadas, y además, actúe como testigo experto de Derecho venezolano en algunos litigios en contra de Venezuela en el exterior. Estos testimonios fueron todos públicos, con lo cual, mal podría haberlos ocultado. En todo caso, advertí de ello con antelación, y en la medida en que alguno de los casos relacionados con aquellos en los cuales había intervenido como testigo experto llegaba al conocimiento de la Procuraduría, me inhibí. Eso es lo que Ley dispone para solucionar estos supuestos.

Hasta en las más encarnizadas disputas se respeta el carácter profesional de los abogados. Solo regímenes criminales y mafiosos que no responden reglas (hay mafias, por cierto, que sí respetan reglas) emprenden acciones en contra de los abogados. Eso es lo que Maduro ha querido hacer en mi contra: Para el régimen, los responsables de los riesgos de Citgo son los abogados, o en mi caso, los testigos expertos independientes. Es tan absurdo como responsabilizar, por asesinato, al médico que hizo la autopsia de la víctima de un homicidio.

El polémico caso de los Bonos 2020

Como se dijo, los litigios atendidos por la Procuraduría Especial ya existían para febrero de 2019 y se fueron acumulando nuevos casos, todos, derivados de la deuda legada de Chávez y Maduro. El único caso que fue iniciado directamente por el Gobierno interino fue con ocasión a la decisión de la junta administradora ad hoc de PDVSA y de PDV Holding, Inc., de demandar la nulidad de los contratos relacionados con la emisión de los Bonos PDVSA 2020. La demanda se basó en la posición histórica de la Asamblea Nacional, expresada desde 2016 y ratificada unánimemente en Acuerdo de la Asamblea Nacional de 15 de octubre de 2019, de considerar inconstitucional la cesión en garantía de esos Bonos del 50,1% de las acciones de Citgo Holding, Inc., y de exhortar al ejercicio de acciones de defensa judicial de los derechos de PDVSA. La Oficina del Procurador Especial asumió la coordinación de la estrategia de esa demanda, no solo por considerar que era la estrategia correcta sino además, por cuanto así había sido decidido, unánimemente, por la junta administradora ad hoc de PDVSA. Es importante anotar que la decisión de ir a litigio fue también impulsada por la inminencia de un pago de cerca de 900 millones -inviable de cumplir- y la imposibilidad de acordar con los tenedores de bonos un mayor plazo para negociar una salida financiera, y con la anuencia de del gobierno de Estados Unidos, que suspendió por tres meses la licencia que permitía tomar control de Citgo (lapso que ha sido prorrogado).

“No podrá avanzarse si no se consolida una política de defensa con el debido apoyo político y en el marco de la Constitución”

En una comunicación del Dr. Alejandro Grisanti que se hizo pública, se ha señalado que Primero Justicia estuvo en desacuerdo con la demanda de nulidad. En las intensas discusiones con la Asamblea Nacional y el Gobierno interino entre el 26 y el 27 de octubre, se explicaron todas las opciones. Se conversó con cerca de cincuenta personas. Finalmente, tras ese debate, la junta administradora ad hoc sesionó y acordó, de manera unánime, demandar la nulidad de los Bonos -decisión apoyada por la junta directiva de PDV Holding, Inc.- En todo caso, fue la decisión acertada, en mi opinión, pero en todo caso, la Oficina del Procurador Especial no actuó -ni habría podido hacerlo- de manera unilateral.

Además, como he explicado, la demanda nunca negó, ni podría haberlo hecho, la posibilidad de una negociación. De todas maneras, hay sobre este caso una petición de investigación solicitada por la Fracción 16J, que debe ser adelantada para esclarecer mejor los hechos.

El fondo de litigio y la precariedad institucional

La estrategia de la Oficina del Procurador Especial tuvo que ser implementada en condiciones de incertidumbre, sin capacidad institucional adecuada, y además, ejerciendo la defensa no solo frente a los acreedores, sino en especial, frente al régimen de Nicolás Maduro, que desplegó una agresiva estrategia procesal -particularmente, en Estados Unidos, el Reino Unido y en el arbitraje internacional de inversiones– orientada a menoscabar la defensa legítima del Estado. Esta “diligencia” en ejecutar esta estrategia procesal contrasta con la negligencia con la cual actuó el régimen de Nicolás Maduro, no solo en continuar la insostenible política de endeudamiento (como sucedió con los casos de los Bonos PDVSA 2020 y Rosneft, de 2016), sino además, al negarse a renegociar la deuda pública, cuando ya para 2014 era evidente lo insostenible de ese endeudamiento. Incluso en 2016, en un gesto de lealtad institucional, la Asamblea Nacional insistió en la necesidad de adelantar un programa de renegociación ordenado de la deuda pública, que requería -y sigue requiriendo- el control parlamentario de la Asamblea. Pero el régimen de Maduro optó por no renegociar la deuda y además, incurrir en un desordenado incumplimiento. Como se explicó, a esa anárquica situación es a la que se enfrentó el Gobierno interino.

A lo anterior se le debe agregar la debilidad institucional derivada de la falta de presupuesto para la defensa judicial del Estado. Desde agosto de 2019 la falta de presupuesto era condición crítica, y así fue advertido por la Oficina del Procurador Especial en diversas comunicaciones. Incluso, se propuso una solución, cual era aprobar mediante Ley el fondo especial de litigio -con recursos que habían sido recuperados- junto con la designación del Contralor. Para ello, se preparó y explicó, en diversas reuniones, el monto estimado de ese presupuesto. Sin embargo, problemas de gobernanza en el proceso de toma de decisiones en la Asamblea impidieron procurar una solución institucional adecuada.

En octubre de 2019, se aprobó extraordinariamente el uso de dos millones de dólares para gastos judiciales de PDVSA, en especial, para adelantar las defensas frente al caso de los Bonos 2020. El 19 de noviembre de 2019, tras semanas de discusiones, se decidió autorizar la creación del fondo de litigio -mediante Acuerdo aprobado ese día- pero sin asignarle monto, salvo dos millones de dólares para atender gastos del Banco Central de Venezuela (más la ratificación del monto aprobado en octubre a favor de PDVSA).

La solución era insatisfactoria, y así se explicó. La defensa judicial del Estado, ante el nivel de complejidad derivado de las reclamaciones legadas de Chávez y Maduro por cerca de 15 millardos de dólares, requería contar con recurso adecuados, especialmente tomando en cuenta el valor de activos que se estaban protegiendo. Desde ese momento, la Oficina del Procurador Especial insistió en la necesidad de aprobar el monto del fondo de litigio, con base en el presupuesto que se había preparado y discutido con transparencia ante las instancias correspondientes de la Asamblea Nacional, siempre en el marco institucional del debido control fiscal. Pese a los esfuerzos, la Asamblea Nacional no pudo aprobar el monto -ni se procuró ninguna otra solución alternativa, a pesar del estado avanzado de los litigios, como de manera regular la Oficina del Procurador Especial informó.

Finamente, el 28 de enero de 2020 la Asamblea Nacional aprobó, mediante Acuerdo, el monto del fondo de litigio que había sido creado el 19 de noviembre. Dos organizaciones políticas decidieron salvar su voto, por estar en desacuerdo con la decisión: La Fracción de 16 de Julio y Primero Justicia. Aun cuando la aprobación de ese monto respondía a lo discutido y acordado, y pese a tratarse de una decisión racional en vista de los compromisos derivados de los litigios de la deuda legada de Chávez y Maduro, ese día anuncié mi decisión de no ejecutar el fondo de litigio (a través de los ordenadores de pago, a saber, las juntas administradoras ad hoc del BCV y de PDVSA), hasta que no hubiese consenso político adecuado. Además, y como corresponde con el principio de transparencia, de inmediato me comuniqué con las organizaciones políticas que habían salvado su voto para aclarar las dudas que habían presentado, y explorar mecanismos para procurar solucionar un problema que, como dije, se arrastraba desde hacía meses.

Con la Fracción de 16 de Julio mantuve una reunión respetuosa, al término de lo cual procedí a responder, por escrito, a sus señalamientos. Lamentablemente la organización Primero de Justicia no me respondió mi petición de reunión, y por el contrario, el 29 de enero, publicó su voto salvado, en cual formularon infundados y genéricos señalamientos de supuestas irregularidades de la Oficina del Procurador Especial. En todo caso, actúe de manera institucional y el mismo 29 de enero remití una comunicación a Primero Justicia, rebatiendo sus señalamientos y requiriendo una reunión. Nunca recibí respuesta a mi comunicación, ni se celebró la reunión que pedí.

Este incidente, que lamenté por lo demás, lo atribuí a las complejas relaciones de los partidos de oposición. Como un amigo me dijo entonces: Cuando los elefantes pelean, la grama sufre. También atribuyo este episodio a ciertas posiciones individuales que objetaron la decisión de demandar la nulidad de los Bonos PDVSA 2020, como ya expliqué. Pero más allá de ello, lo que debía hacer, como lo hice, fue dar respuesta por escrito a las observaciones de Primero Justicia y solicitar una reunión que, como dije, nunca me fue otorgada.

En cualquier caso, bajo esas circunstancias, era imposible seguir como Procurador y opte por poner mi cargo a la orden (y no renunciar, como de manera indebida quisieron hacer ver algunos). Con esa decisión transmití al Presidente encargado -cuyo apoyo siempre tuve- mi opinión según la cual las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional debían ponerse de acuerdo: Si apoyaban mi gestión, con las rectificaciones del caso, podía avanzar; si no apoyaban mi gestión -algo completamente normal- entonces, debían designar a un nuevo Procurador. Pero resultaba inaceptable que se mantuviera la indecisión que, para ese momento, estaba afectando severamente el orden y calidad de la defensa del Estado. Como he dicho: Una casa dividida no puede mantenerse, y menos con cerca de 60 litigios en contra por cerca de 15 millardos de dólares.

La Asamblea Nacional decidió lo primero, o sea, apoyar mi gestión y avanzar, incluso, designando el 4 de febrero de 2020 a la comisión técnica para acompañar a la Procuraduría Especial en sus gestiones, que había sido formalmente creada en Acuerdo de 19 de noviembre. En realidad, ya desde ese Acuerdo se habían mantenido reuniones regulares para informar sobre la estrategia procesal de los casos. En especial, mediante procedimientos abiertos, y en coordinación con la junta administradora ad hoc de PDVSA y la comisión creada especialmente para la atención de la deuda, se procedió a seleccionar a las nuevas firmas para atender casos complejos, de todo lo cual se dio siempre oportuna cuenta. Es bueno aclarar que no se procedió a nuevas contrataciones ni nuevos proyectos después del 4 de febrero.

“Una casa dividida no puede mantenerse, y menos con cerca de 60 litigios en contra por cerca de 15 millardos de dólares”

Otro aspecto que afectó el funcionamiento del fondo fue el régimen de sanciones, que impedía el uso de activos del Banco Central de Venezuela y además limitaban la emisión de factura. Junto a ello, las desavenencias políticas surgieron de nuevo. Consideré entonces que mi tiempo en la Procuraduría había llegado a su fin. Además, los objetivos asignados, como expliqué, ya se habían logrado y para poder avanzar hacía falta un apoyo político que, a pesar de mis esfuerzos, no logré tener del todo. Conversé con el Presidente encargado y a fines de mayo, presenté mi renuncia, efectiva a fines de junio.

Pero a pesar de ello, las desavenencias políticas seguían. Esto me llevó a remitir, en comunicación de 25 de mayo de 2020, una detallada comunicación a las Comisiones de Finanzas y Contraloría, con copia al Contralor Especial, resumiendo todas las comunicaciones enviadas desde febrero de 2019 en relación con la contratación de los despachos de abogados; la gestión de los pagos a cargo de las juntas administradoras del BCV y de PDVSA; el estado -precario, por lo demás- de la defensa judicial del Estado; y la racionalidad y legalidad de todas las decisiones adoptadas. Terminé esa comunicación pidiendo una reunión para aclarar las dudas, que nunca llegó a materializarse.

La transparencia con la que actué -dentro de las severas limitaciones que me impidieron hacer más- tuvo, sin embargo, consecuencias adversas, por la filtración de algunas de mis comunicaciones que terminaron además en manos de algunos acreedores y de los abogados del régimen de Maduro, todo lo cual debilitaba más todavía la defensa del Estado. El punto culminante de estas indebidas filtraciones sucedió el 18 de junio de 2020, cuando el régimen de Nicolás Maduro, en su permanente campaña de descrédito en mi contra, divulgó el audio de una reunión privada que había mantenido en la Asamblea Nacional, para explicar con transparencia detalles de la estrategia de litigios que, como advertí, aconsejaban mantener la naturaleza reservada de esa reunión. Que el audio de una sesión privada de la Asamblea Nacional haya terminado en manos del régimen de Maduro, solo podía ser consecuencia de dos causas, cualquiera de ellas muy graves: O el régimen de Maduro había interceptado la reunión, o algunos de los presentes grabó esa reunión, terminando el audio en manos del régimen de Maduro. Ese día anuncié públicamente la decisión que ya había tomado hacía semanas, de renunciar al cargo de Procurador. Además, pedí a la Asamblea Nacional una investigación sobre las condiciones bajo las cuales el audio se filtró.

La filtración de ese audio fue rápidamente aprovechada por algunos de los acreedores y en especial, por el régimen de Maduro, con peticiones infundadas en litigios que tuvieron que ser respondidas. Esto refleja muy bien la complejidad de las funciones que tuve que cumplir: Coordinar la defensa de Venezuela en cerca de 60 casos en contra de acreedores -la gran mayoría, lo reconozco, actuando con lealtad profesional; en contra de los abogados de Maduro y además, frente a filtraciones de las comunicaciones enviadas en cumplimiento del principio de transparencia.

Reflexiones finales

La recuperación de Venezuela requerirá de un amplio acuerdo de reconciliación nacional, basado en la verdad. Un componente fundamental es comprender cómo los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro promovieron un endeudamiento público claramente irracional e insostenible. A pesar de los signos evidentes del colapso, Maduro optó por no renegociar esa deuda y servirla, lo que llevó al dramático recorte de las importaciones que, entre otros factores, ocasionó la Emergencia Humanitaria Compleja. Por si fuera poco, en 2016 endeudó a PDVSA por más de 4 millardos de dólares, cediendo de manera inconstitucional derechos sobre Citgo.

El régimen de Maduro pretende reescribir esa historia, señalando al Gobierno interino como responsable de este colapso. Esto ha tenido eco en quienes consideran que la defensa jurídica del Estado es un ataque a los mercados financieros. La estrategia de la Oficina del Procurador Especial quiso evitar los extremos, obviando posiciones complacientes a los acreedores pero evitando el repudio de la deuda. Nunca se cerró la puerta a las negociaciones -conducidas de manera transparente, y pensando en el interés del país y la prioridad de atender la Emergencia Humanitaria Compleja.

Esta estrategia, a pesar de las dificultades, logró los tres objetivos señalados. Pero no podrá avanzarse si no se consolida una política de defensa con el debido apoyo político y en el marco de la Constitución, con la prioridad de destinar los activos de Venezuela a la atención de la Emergencia Humanitaria Compleja, mientras las condiciones políticas facilitan la renegociación consensuada y ordenada de la deuda.

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